La escalada de tensión entre el presidente del BCRA y el Poder Ejecutivo se había iniciado el 14 de diciembre de 2009, cuando la presidenta Cristina Fernández anunció la creación del Fondo del Bicentenario para el Desendeudamiento y la Estabilización. Bajo ese título pomposo, y mediante un decreto de necesidad y urgencia, el Gobierno dispuso que el Central transfiriera 6.500 millones de dólares de reservas excedentes al Tesoro nacional, con la declarada intención de destinarlos al pago de deuda externa contraída con organismos multilaterales –Club de París– y los denominados “holdouts”, los bonistas particulares que no adhirieron al canje de 2005.
El mecanismo de “desendeudamiento” era similar al utilizado en 2006, cuando el Gobierno dispuso la cancelación anticipada de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pero con una variante: en aquella oportunidad, la cesión de reservas fue aprobada por un Congreso con clara mayoría oficialista, situación que dista de la actual, donde la oposición recuperó escaños y se presenta unificada en el rechazo automático de cualquier acto de gobierno.
Ante ese panorama, el Ejecutivo midió los tiempos para eludir la inmediata revisión parlamentaria del decreto promulgándolo al filo de las sesiones ordinarias. De ese modo, la consideración del DNU alcanzó a tomar estado parlamentario, pero su tratamiento se dilató hasta marzo, cuando el Congreso vuelva a sesionar. Mientras tanto, el decreto tiene fuerza de ley y debe ser acatado como cualquier otra norma en vigencia. Eso, claro, en las formas. Porque en los hechos, Redrado se las ingenió para postergar la conformación del fondo con una doble excusa: la autarquía del organismo que preside y la posibilidad de que, al declarar la disponibilidad de una parte de las reservas, ese dinero quede a tiro de embargo de los voraces holdouts.
En apariencia, los argumentos esgrimidos por Redrado no adolecían de sensatez: la Carta Orgánica del BCRA le otorga autonomía funcional a la entidad como un modo de preservar el respaldo monetario ante eventuales problemas de caja del Tesoro. Por eso la carta dispone, entre otras cosas, que sus autoridades sólo puedan ser removidas en acuerdo con el Congreso. En el caso de los holdouts, en cambio, la postura de Redrado es más política que técnica. El titular del BCRA sostiene que el decreto firmado por la Presidenta deja abierta la puerta para que los tribunales estadounidenses dispongan el embargo de las reservas excedentes –calculadas en unos 18 mil millones de dólares– para cubrir los reclamos de los fondos buitres que poseen bonos en default. A criterio de Redrado, esas reservas podrían ser necesarias para ahuyentar eventuales ataques contra el peso provenientes de los especuladores monetarios o de una expansión inflacionaria provocada por el rebote de la actividad económica luego de dos trimestres de recesión.
Esa certeza, sin embargo, choca contra las presunciones de Economía, expresadas por su titular, Amado Boudou. “Este gobierno demostró que tiene la capacidad de generar reservas”, dijo en conferencia de prensa, y abundó: “Cuando asumimos, las reservas no alcanzaban los 6 mil millones, y hoy hay más de 40 mil. Eso se logró por el éxito de una política económica basada en el desendeudamiento, el estímulo al consumo y a la inversión. El Fondo del Bicentenario continúa en esa dirección. Por eso es atacado por quienes pretenden volver a las fracasadas políticas de ajuste”.
Esa confrontación de miradas, dejó en evidencia una discusión más profunda que el culebrón político de internas palaciegas que regocijó a la oposición: ¿Es bueno o es malo utilizar reservas para pagar deuda externa?
En este punto, los economistas difieren según sus convicciones. Quienes se ubican a la izquierda del espectro ideológico suelen coincidir en que resulta injusto privilegiar el pago de la deuda externa por encima de la acuciante deuda social. En una respuesta hacia ellos, el Gobierno sostiene que su política de “desendeudamiento” a través de reservas busca tender puentes con los mercados internacionales de créditos –dinamitados tras el default de 2001–, sin recurrir a los ajustes del Tesoro que, como se demostró en el pasado, afectarían el desarrollo de planes sociales clave –como la asignación por hijo y la movilidad jubilatoria– o las inversiones en infraestructura.
Alérgicos a los sacudones, los bancos privados agrupados en ADEBA le reclamaron la renuncia a Redrado para que preserve “la estabilidad del sistema financiero”. Por su parte, la CGT, a través de un comunicado, se pronunció a favor de la decisión presidencial de reemplazar a Redrado.
Ya entrada la noche, un colaborador del Central se sinceraba: “Es una situación extraña. No me imagino lo que puede pasar en un país donde la Presidenta esté enfrentada al presidente del Banco Central. Pero bueno, en la Argentina el vicepresidente es el jefe de la oposición...”. Bienvenido, 2010.
Extracto de la edición del 7 de Enero de 2010 de la revista 23
